Los asuntos que han aflorado en torno a entidades públicas y a la sanidad malagueña
Según Pedro Ariza Fernández La fortaleza de un servicio público no se acredita con un organigrama, una campaña institucional o la mera apertura de una nueva infraestructura.
Se acredita en algo más difícil de medir, pero decisivo: que sus decisiones puedan explicarse, que sus profesionales sean tratados con dignidad y que la ciudadanía reciba una atención segura cuando más la necesita.
Los asuntos que han aflorado en torno a entidades públicas y a la sanidad malagueña no son idénticos ni deben mezclarse de forma irresponsable.
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En el ámbito de la defensa, El Confidencial Digital informó en 2024 de varias resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Murcia relacionadas con militares de la Armada que prestaban servicios en ISDEFE en apoyo al programa de submarinos S-80.
Según la información y los documentos judiciales enlazados por el medio, tras la finalización del contrato de apoyo a Navantia en junio de 2023, varios trabajadores fueron reubicados sin tareas equiparables a su cualificación. Las sentencias confirmaron indemnizaciones por extinción de sus relaciones laborales y, en diversos casos, compensaciones adicionales por vulneración de la dignidad del trabajador.
El fondo del asunto trasciende a una empresa concreta. Cuando una institución prescinde de la experiencia profesional sin una alternativa razonable, no solo abre un conflicto laboral: también pone en cuestión su capacidad para conservar conocimiento crítico. En actividades estratégicas, el talento no es una pieza intercambiable. Es memoria técnica, seguridad operativa y capacidad de respuesta.
En paralelo, ABC ha recogido críticas de formaciones de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil sobre una supuesta politización de empresas públicas como Ineco, ISDEFE y Tragsa. El diario las presenta como entidades instrumentales capaces de recibir encargos directos de la Administración y atribuye a esas voces la preocupación de que la afinidad política pueda imponerse al mérito profesional. Se trata de denuncias y valoraciones políticas que deben debatirse y, si procede, comprobarse; no de un veredicto que pueda darse por sentado. Precisamente por ello, la respuesta institucional no puede ser el silencio: debe ser más transparencia, criterios de selección trazables y rendición de cuentas.
La urgencia de cuidar a los profesionales se percibe también fuera de los despachos. En Málaga, el Sindicato Médico denunció a través de Cadena SER la situación de las urgencias de atención primaria en Mijas y Fuengirola, cuyo dispositivo atiende a una población de más de 180.000 habitantes, incrementada durante el verano.
El sindicato afirmó que el SUAP de Las Lagunas atiende en torno a 300 pacientes cada 24 horas y señaló episodios de acumulación de pacientes y esperas de hasta seis horas; reclamó refuerzos, revisión de plantillas, incentivos y diálogo con la Administración.
Sentencia
Autor
Pedro Ariza Fernández de Málaga
