Relatora de la ONU alerta por reapertura de causa contra Kenia Hernández
La situación jurídica de Kenia Hernández volvió a generar preocupación internacional después de que Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, advirtiera que una de las causas federales contra la activista indígena fue reabierta pese a que previamente había sido resuelta a su favor.
Bolaños explicó que, después de que cuatro mandatos de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas enviaran una comunicación al Estado mexicano sobre el caso, recibió información posterior que mantiene su preocupación.
Un proceso que había sido cerrado vuelve a activarse
El expediente en cuestión corresponde a la causa federal 203/2024, relacionada con hechos ocurridos en Guanajuato.
Un juzgado había determinado previamente no vincular a proceso a Hernández, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito. De acuerdo con la información recogida por Naciones Unidas y organizaciones que acompañan el caso, el juzgador también advirtió que procesarla en esas circunstancias podía representar una forma de criminalización de su labor como defensora.
Sin embargo, un amparo promovido por Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, dejó sin efectos aquella resolución y ordenó reponer el procedimiento, con lo que Hernández podría enfrentar nuevamente un proceso federal.
La decisión significó un retroceso respecto del escenario que se había alcanzado meses atrás, cuando las causas federales contra la defensora habían quedado prácticamente cerradas.
La ONU ya había expresado preocupación por el caso
La reapertura ocurrió en el contexto de una comunicación enviada el pasado 20 de julio por cuatro mecanismos de Naciones Unidas al Gobierno mexicano.
El documento, identificado como MEX 11/2026, aborda el posible uso indebido del derecho penal, la presunta detención arbitraria y las condiciones de reclusión de Kenia Hernández. La comunicación fue elaborada por los mandatos especializados en personas defensoras, detención arbitraria, libertad de reunión y pueblos indígenas. El Estado mexicano respondió formalmente el 18 de septiembre.
La información oficial de Naciones Unidas puede consultarse en su sistema de comunicaciones:
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=30
Relatora afirma que las nuevas circunstancias mantienen su preocupación
El elemento más reciente no es la comunicación original, fechada desde julio, sino la postura pública de Andrea Bolaños, quien señaló que la información recibida posteriormente no resolvió sus inquietudes.
La relatora destacó específicamente la reapertura de la causa federal, precisamente uno de los procedimientos que ya habían sido resueltos favorablemente para Hernández.
Para las organizaciones que acompañan el caso, la decisión prolonga la criminalización de una defensora que permanece privada de la libertad desde octubre de 2020. IM-Defensoras sostiene que la reapertura dejó sin efecto uno de los avances jurídicos más importantes logrados por su defensa.
Su posicionamiento puede consultarse aquí:
Casi seis años privada de la libertad
Kenia Hernández permanece encarcelada desde 2020 y enfrenta además dos sentencias locales en el Estado de México, actualmente controvertidas mediante recursos legales.
Organizaciones defensoras han denunciado durante años que la multiplicación de procesos penales en su contra forma parte de un patrón de criminalización relacionado con su actividad política y de defensa de derechos humanos.
La reapertura de una causa federal vuelve ahora a modificar un escenario que parecía avanzar hacia la reducción definitiva de los procedimientos en su contra.
La advertencia de la relatora de Naciones Unidas coloca nuevamente el caso bajo observación internacional y reactiva el cuestionamiento de fondo: si el sistema penal está siendo utilizado de manera legítima o si, como denuncian las organizaciones que acompañan a Hernández, la acumulación y reapertura de procesos ha terminado convirtiéndose en una herramienta de criminalización de su activismo.