En el caso de Martínez Vilchis y Olvera García, dijo, también se detectó que al dejar la Rectoría cobraban como maestros de tiempo completo, pese a tener otro cargo público.

Dicha categoría salarial fluctuaría entre los 50 mil a 60 mil pesos al mes.

Barrios Dávalos también refirió que uno de los autos utilizados fue una Grand Cherokee y al menos Martínez Vilchis tenía de uno hasta cuatro vehículos. El único argumento, dijo, eran los usos y costumbres de cada uno.

“Estamos en el inicio de procedimientos y sí implicaría una responsabilidad y resarcir recursos tanto de ellos, como de quién les autorizó. Deben regresar los bienes y hacerles procedimiento a ellos y a quién lo prestó”, explicó.

Reconoce Olvera que sí tuvo vehículo oficial

Consultado por El Sol de Toluca, el exrector y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, señaló que al concluir su periodo de rector sí tuvo un vehículo oficial de la UAEM con mucho kilometraje y en resguardo, pero argumentó que fue a solicitud del rector Alfredo Barrera Baca.

Aclaró que no usó dicho vehículo y después lo entregó, sin embargo, no precisó la fecha.

“Era un vehículo usado con mucho kilometraje y me dijo el rector que se iba a esperar el proceso de licitación, por lo que me lo dejó en resguardo, sin embargo, no lo usé y lo entregué”, apuntó Olvera García.

Puntualizó que la solicitud de resguardar el citado vehículo fue del entonces rector.

“Insisto y repito, no hay ningún oficio del contralor hacia mi persona. Sí es que hay un documento firmado por mí, entonces yo lo acepto. Pero eso me lo pidió el rector porque se iba a hacer una licitación de vehículos como siempre se ha hecho, actualmente no tengo ningún vehículo a mi servicio”, afirmó.

El exrector no explicó más detalles de dicha licitación.

Respecto a que supuestamente cobraba como docente universitario al mismo tiempo de desempeñar otro cargo público, Olvera García justificó que hay muchos servidores públicos que tienen actividades de docencia e investigación y, por lo mismo, forman parte de la propia estructura de la UAEM.

“Yo en mi caso no violé ninguna disposición, sino al contrario, la propia Constitución federal y estatal, así como la misma Ley de la Codhem y la Ley Federal del Trabajo me facultaban desempeñar plazas de docencia e investigación”, indicó tras los señalamientos que le refieren un doble sueldo.

Aseguró que se puede ser servidor público y contar con una plaza de académico e incluso ser parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

“Yo no he dejado de ejercer la investigación y no la he interrumpido en 35 años de servicio, ni como rector, en la docencia e investigación”, afirmó.

Abundó que él mismo artículo 27 de la Comisión de Derechos Humanos refiere que el presidente no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión del servicio público, salvo en las actividades relacionadas con la docencia.

Manifestó que ninguno de los exrectores ha dejado de ser universitario y por lo mismo tienen comisiones y acciones, toda vez que siempre hay una interrelación con los cargos públicos.

“Los exrectores siempre somos llamados y más los que tenemos calidad de investigadores y profesores reconocidos, no hay un rompimiento con la UAEM. Si el Órgano de control se empeña en un tema anómalo, lo tiene que demostrar con acciones jurídicas concretas y no litigar sólo en los medios”, aseveró.

En este sentido, expresó que va a utilizar todos los mecanismos jurídicos necesarios para demostrar que no cometió ningún acto ilegal, ni inmoral.

Al buscar vía telefónica al ex rector José Martínez Vilchis, hoy Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), se informó en su oficina que haría llegar a la autoridad respectiva la solicitud de entrevista sin hasta el momento recibir respuesta.

Estafa maestra

Barrios Dávalos recordó que en el caso de la llamada Estafa Maestra, la mayoría de los casos ya prescribieron, pero la posible responsabilidad resarcitoria le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De los 51 casos que fueron señalados, recordó, administrativamente sólo sobreviven unos tres.

*Con información de Rodrigo Miranda