En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas a nivel superior más relevantes del país, la violencia de género se ha convertido en un problema cada vez más frecuentes para las mujeres. Las protestas para que las autoridades atiendan el asunto han sido numerosas y llamativas; sin embargo, las sanciones en contra de acosadores u hostigadores sexuales no son frecuentes, en especial cuando se trata de personal sindicalizado.

De acuerdo con información del Tribunal de la UNAM, en el último año no se ha emitido ningún tipo de castigo en contra de profesores o trabajadores administrativos que formen parte de alguno de los sindicatos de la institución por el hecho de acosar, hostigar sexualmente o incluso violar a alguna de las alumnas.

Esto, de acuerdo con Eduardo López Betancourt, presidente del organismo, resulta contrastante, pues cada año escolar, la cifra negra de estas agresiones podría llegar a los 2,500 casos: “Ningún docente ha recibido sanción. Tengo un año sin sancionarlos y por eso pido ayuda. Las autoridades escolares se manejan de forma grupal y mafiosa”, señaló en una entrevista con el diario El Universal.

También reveló que cada escuela o facultad es un “coto de poder” en donde los directores suelen ser los dueños y alrededor de ellos existe un conjunto de profesores que lo apoyan, quienes, aprovechándose de esa relación, “son los acosadores. Ésta es una situación cotidiana”, señaló.

La razón por la cual el Tribunal de la UNAM no ha logrado emitir sanciones se debe a que muchos de los casos de violencia sexual y de género se resuelven a través de comisiones mixtas entre la Rectoría y las organizaciones laborales, que en este caso son Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM) y el Sindicato de Trabajadores (STUNAM).

El hecho de la impunidad también deviene en un crecimiento del contexto de violencia para las alumnas, pues ellas se ven reacias a continuar denunciando a causa de que temen sufrir represalias por parte de los profesores, además de que las autoridades universitarias intentan disuadirlas de hacerlo, las revictimizan o incluso idean formas de proteger a los acosadores.

Para Betancourt, la situación debe ser objeto de crítica, pues “los sindicatos y los contratos colectivos protegen a los profesores acosadores. Debería haber una voluntad para no convertirse en cómplices, que den facilidades, porque hoy por hoy pretextan las comisiones mixtas y ahí se resuelve todo”.

Si bien el presidente del Tribunal de la UNAM destacó que este problema lo ha notado a lo largo del último año, los Informes sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la universidad reportan que se iniciaron procedimientos en contra de 352 profesores y trabajadores.

Por medio de este mecanismo, 79 trabajadores sindicalizados (43 profesores y 27 administrativos) fueron despedidos. A 236 se les dieron amonestaciones, suspensiones o se espera que se determine la sanción, no obstante, esos castigos se dan como “componendas, arreglos o concesiones” con el fin de que se retiren de manera anticipada o se les rescinda el contrato, pero aun así se les da liquidación.

Por su parte, Verónica Rodríguez Cabrera, investigadora de la UAM Xochimilco, está de acuerdo con el problema expuesto por Betancourt, ya que si bien la UNAM tiene protocolos para la atención de casos de violencia de género, los docentes están protegidos por las organizaciones sindicales, lo cual deja ver el largo camino a recorrer para atender las necesidades jurídicas de las víctimas.

Este jueves 5 de diciembre, 312 académicos de distintas facultades entregaron un pliego petitorio al Consejo Universitario y al Colegio de Directores y Escuelas para plantear la conformación de un órgano interno de control o un comité de especialistas sin relación laboral con la institución para investigar los casos de violencia de género y emitir una resolución imparcial.