SNTE Rechaza e Inicia Acciones Legales

Contra Resolución

de la SCJN

Porque afecta los ingresos, derechos humanos y laborales de los trabajadores y jubilados que cotizan y cotizaron al régimen de pensión vitalicia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó ayer criterios de la Suprema Corte.

La determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que motivó la censura del SNTE, fijó un tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE en diez Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

El sindicato de docentes consideró que esta decisión atiende a criterios económicos, financieros e incluso políticos, en lugar de respetar las conquistas y el bienestar de los trabajadores, y por ello iniciarán acciones legales defensivas dentro y fuera del país.

Como se recordará, en la Reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, algunos trabajadores decidieron permanecer en el régimen de pensión vitalicia, y se acogieron al Décimo Transitorio de dicha modificación constitucional.

En ese entonces se estableció que el límite superior de las pensiones equivaldría a diez salarios mínimos, y esta es la definición clave sobre la que los trabajadores realizan sus respectivas cotizaciones.

El SNTE, dirigido por el Maestro Alfonso Cepeda, considera que la resolución de la Segunda Sala de la SCJN es contraria a la jurisprudencia laboral 2020651, publicada en septiembre de 2019.

En esa legislación, la SCJN estableció que “la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones de salario percibido, topadas a la cantidad de diez veces el salario mínimo, es claro que esta prestación es laboral”.

Para el sindicato de maestros la determinación de la segunda sala también contraviene principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversos convenios y recomendaciones referidas a la seguridad y a la justicia social.

Todas ellas emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, y disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que las pensiones deben tener el salario como referencia.

El SNTE también anunció que mantendrá la defensa de sus agremiados -activos y jubilados-, iniciando de inmediato un proceso ante la CIDH y ante todo organismo internacional donde sea necesario.

Ello, para demandar respeto a las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la reforma del ISSSTE de 2007, y lograr que prevalezca el concepto de salarios mínimos para la determinación de los límites de la pensión por jubilación.

El sindicato docente también fortalecerá su diálogo y negociaciones con diversos órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Seguirán impulsando la reforma de pensiones que ya se le presentó al Gobierno de la República, para lograr tres acciones concretas.

La primera de ellas es precisar la que consideran como equívoca interpretación de la reforma que instituyó la UMA como parámetro del pago, que no incluye a las pensiones.

La segunda acción busca reestablecer la indexación del monto de las pensiones a los incrementos del Salario Mínimo.

Y la tercera es promover cambios al régimen de pensiones que fortalezcan la viabilidad del ISSSTE como institución del Estado y garanticen los derechos y el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado.

Para el Sindicato de Maestros, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado políticas para el bienestar del pueblo y trabajadores de México, por ello las pensiones deben pagarse conforme al Salario Mínimo y no en la UMA.

El SNTE defenderá los derechos de todos sus afiliados ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en instancias internacionales.

También emprenderá una estrategia de carácter colectivo, ejerciendo la representación del conjunto de trabajadores y jubilados.

Esto último para erradicar el oportunismo de distintos despachos jurídicos y abogados privados, que buscan manipular a agremiados del SNTE para iniciar procesos individuales ante una resolución de la SCJN, a sabiendas de que dicha resolución es inatacable.