Tomás, que vive en una casa de adobe en una ranchería de San Felipe del Progreso, un municipio del Estado de México donde el 80% de la población es pobre, cuenta que fue víctima de una estafa que lo ha dejado en la ruina, pagando una deuda durante cuatro años que absorbió todo su patrimonio.

Es por ello que, según cuenta el campesino, en el corral de su modesta granja, a la que se llega tras recorrer caminos estrechos inundados de lodo por las últimas lluvias, ya no hay ningún caballo. Ni tampoco borregos, reses, ni los cerdos que engordaba para vender.

Si acaso, por ahí quedan desperdigadas un par de gallinas y algún pollo que irá a ofrecer al mercado a cambio de unos pesos. Aunque, a su edad, dice Tomás acariciándose el mostacho plateado por los años, lo de ir al mercado ya le cuesta mucho trabajo. Sobre todo, desde que también perdió su camioneta y tiene que caminar a todas partes con los zapatos agrietados, y la suela llena de agujeros.

Pero si no vende los pollos, no hay comida. De hecho, doña Juana Bravo, la esposa de Tomás, asegura que hace tiempo que en la casa no se sirve carne. Aunque, aun así, da gracias a que al menos tienen los nopales, el elote y algunas calabazas que les regala el poco campo de cultivo que les queda. Porque si eso también lo pierden, dice encogiendo los hombros, no sabe cómo podrían sobrevivir.

No obstante, su vida no siempre fue así, matiza Tomás. Si bien nunca vivieron en la abundancia -su casa de paredes de adobe es la que han habitado siempre-, hasta hace unos años su modesta granja les daba el sustento para mantenerse a flote.

Todo empezó a derrumbarse en 2013, cuando pidió un crédito de 150 mil pesos a un prestamista local, del que prefiere no dar mayores señas, para pagar a quien dijo ser un asesor técnico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que le prometió cuantiosos apoyos gubernamentales para que pudiera comprar más cabezas de ganado y acceder así a mejores oportunidades de vida.

Pero la promesa nunca se cumplió: el asesor José de Jesús Hernández García, que era una especie de ‘facilitador’ de proyectos, no le entregó nada, se quedó con su dinero, y lo dejó además con una deuda que se disparó hasta los 500 mil pesos por los intereses desorbitados del prestamista, que además lo amenaza con quedarse con el poco patrimonio que le resta.

“Voy a tener que vender mi terreno para terminar de pagar lo que debo. Después de eso, no sé qué voy a hacer”, lamenta Tomás con el ceño fruncido, mirándose las palmas ásperas de las manos vacías.

Y su caso no es el único. De hecho, es uno entre otros 47 más que también denunciaron que fueron víctimas de engaños.

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Por ejemplo, Adán Federico Vázquez, otro campesino mazahua que vive en una casa de madera a punto de desmoronarse por el reblandecimiento de la tierra que trajo la lluvia, también fue estafado y lleva cuatro años pagando la deuda -más intereses- que adquirió con otro prestamista. Él solicitó, a través de José de Jesús, apoyos a Sedatu para cambiar la casa de madera por otra de concreto, con drenaje y servicio sanitario.

Y Catalina Urbina, que vive en una pequeña casa en la localidad mexiquense de San Nicolás Guadalupe, llora porque no sabe cómo se quitará de encima a la señora que, casi a diario, toca su puerta para exigirle las escrituras de la vivienda, por el impago de la deuda que contrajo para pagar al asesor de Sedatu.

En total, son 48 personas indígenas que forman parte de la organización civil Mazahua para la Transformación Integral (MATI AC), las que denunciaron que fueron estafadas.

A todos ellos, el hoy exasesor técnico de Sedatu les sacó presuntamente con engaños y con la falsificación de documentos más de 5 millones de pesos, para luego desaparecer sin que la Fiscalía mexiquense haya sido capaz de localizarlo en los últimos cuatro años, dejando el caso en la impunidad.

‘Mochadas’ para los patrones

Rosa María Ángeles Aguilar, fundadora de la asociación MATI AC, explica que denunciaron por fraude a José de Jesús Hernández en diciembre de 2015, tras años de promesas incumplidas.

Pero, antes de llegar a ese punto de la denuncia, la mujer de origen mazahua cuenta que todo empezó a finales de 2012, en el inicio del gobierno de Peña Nieto.

En diciembre de ese año fueron a las oficinas de la Sedatu en la Ciudad de México para informarse sobre los apoyos que podían solicitar en beneficio de 48 personas de su organización, que viven en condiciones de pobreza moderada y extrema.

En la Sedatu les informaron que, para ser beneficiarios de los programas sociales, como el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), debían cumplir con los habituales trámites burocráticos, y contar con un asesor técnico para gestionar los recursos, el cual, a su vez, debía estar inscrito en el padrón de la Dirección General de Coordinación y tener una Clave Única de Habilitación (CUHA).

Rosa María narra que en la misma Sedatu les recomendaron que buscaran al técnico José de Jesús Hernández García, puesto que estaba inscrito en la dependencia, contaba con todos los requisitos, y vivía a escasos kilómetros de la sede de MATI AC, ubicada en Ixtlahuaca, Estado de México.

Al principio, todo marchó bien, subraya Rosa María: “José de Jesús nos mostró sus documentos para que viéramos que podíamos confiar en él. Nos enseñó su carta de antecedentes no penales, su clave CUHA, y hasta nos llevó a su casa para que conociéramos a su familia”.

Convencidos y confiados por las referencias de José de Jesús, quien incluso les aseguró que fue funcionario local en el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, los 40 integrantes de la asociación enlistaron los proyectos que solicitaron a Sedatu, con los que ya soñaban que accederían a mejores condiciones de vida.

Victoria González, por ejemplo, pidió 450 mil pesos de crédito para abrir un criadero de truchas, y Pedro Antonio Andrés abriría un cibercafé con 180 mil pesos.