Uno de ellos es Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años. Según la SFP, la sanción se debe a inconsistencias en su declaración patrimonial.

“Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”, detalló la dependencia.

“En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos“. La defensa de Lozoya informó que impugnará esta medida.

En un comunicado, la dependencia destacó que también impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

La otra sanción, apuntó, se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

“Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que desde el primer día de la nueva administración, el 1 de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Además, añadió, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

Defensa de Lozoya impugnará 

Emilio Lozoya es uno de los altos funcionarios de Pemex castigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó su abogado a El Financiero.

“Hoy fue notificado; el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones“, dijo Javier Coello, abogado de Lozoya.

El litigante afirmó que procederán a solicitar un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pues argumenta inconsistencias en la elaboración del dictamen.