La Fiscalía General de la República investigará el caso de la Estafa Maestra como un posible delito de Estado y bajo de la hipótesis de que existe delincuencia organizada, por lo que incluso se indagará el encubrimiento a los servidores públicos implicados por parte de dependencias como las Secretaría de Hacienda, de Educación y hasta de la Función Pública.

El fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que para poder avanzar en este caso que provocó un daño al erario por un monto de 5 mil 875 millones de pesos, se tendrán que reestructurar las investigaciones y se citará a comparecer “a quien deba ser citado”.

A pesar de que fue cuestionado sobre la posible comparecencia de la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, el fiscal Gertz dijo que serán citados los ex funcionarios que sean necesarios, pero rechazó aludir a personas específicas.

Sobre las indagatorias relacionadas con la Estafa Maestra explicó que desde octubre del 2015, la entonces Procuraduría General de la República abrió un total de 23 investigaciones individuales e independientes contra servidores públicos de Sedesol y Sedatu involucrados, por lo que se tendrán que rehacer las investigaciones bajo la hipótesis lógica de que se trató de una maquinación criminal de “gran envergadura” por el monto del daño patrimonial y el número de personas que fueron partícipes en este esquema de presuntos desvíos.

Añadió que la colusión y la existencia de un interés colectivo coordinado debió indagarse desde el principio puesto que hubo un propósito de organizar “un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”.

“Los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados”, explicó

En este marco, Alejandro Gertz explicó que al momento de tomar posesión titular de la FGR encontró que se habían iniciado 23 procesos penales independendientes y aislados contra ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, así como contra varios servidores públicos que laboraban en las universidades públicas ligadas a la triangulación de recursos federales y cuyo destino final todavía se desconoce.

Bajo este esquema de judicialización, entre PGR y FGR solo lograron cinco vinculaciones a proceso, mientras que están por celebrarse audiencias iniciales contra cinco ex servidores públicos de Sedesol y Sedatu dentro de esas mismas carpetas de investigación.

Gertz agregó que entre 2017 y 2018, la PGR inició otras dos carpetas de investigación sobre la Esta Maestra en SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, logrando en este caso 10 vinculaciones a proceso y una sentencia condenatoria en contra de un particular mediante Procedimiento Abreviado, es decir, que el presunto responsable reconoció el delito a cambio de una sanción menor.

“En relación con este tema, la FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, reiteró.