Nuevas evidencias documentales corroboran el contenido del “Informe Confidencial” elaborado por la Policía Federal (PF) para investigar presunta corrupción en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el hallazgo de actividades de “delincuencia organizada y delitos de alto impacto” atribuidos a ex funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y de otros servidores públicos.

El “Informe Confidencial” está fechado el 6 de noviembre del 2018 y el ex Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, ha corroborado su autenticidad a Aristegui Noticias, mientras que nuevos documentos de la investigación confirman que la Policía Federal contactó a otras instancias de fiscalización y vigilancia para elaborar el reporte.

Un ejemplo es el oficio enviado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 4 de octubre del 2018 para conocer la evolución patrimonial de tres ex funcionarios del GACM identificados en el “Informe Confidencial”, incluyendo al ex titular de ese organismo y ex gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto; así como de dos personas más ligadas al Sindicato Libertad.

Una fotografía de ese documento fue entregado a este medio de comunicación por el ex funcionario del GACM, José Luis Moya. Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron la veracidad de la solicitud y entregaron una copia del original, la cual contiene los sellos de recibido por parte de la Función Pública.

El oficio girado por la División de Investigación de la PF a través de la Directora General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, solicita a la SFP que “realice un informe de declaraciones patrimoniales, y situación fiscal” de tres ex funcionarios del Grupo Aeroportuario y dos personas más vinculadas con las obras del NAIM.

Por parte del GACM, los investigados son el ex titular del organismo, Manuel Ángel Núñez Soto; el director corporativo de Construcción Lado Tierra, Raúl González Apaolaza; y el analista, Humberto Pérez Piedra, ligado a los sindicatos que monopolizaron el transporte de piedras y minerales para la obra.

Otro de los investigados es Máximo Reyes Vilchis, cercano a González Apaolaza, con quien trabajó en la Secretaría de Educación de Hidalgo durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto de 2001 a 2006, así como la firma cabildera Open Lobbying Firm en el año 2011.

El documento también solicita informes de Hugo Bello Valenzo, presunto dirigente de un sindicato de transportistas relacionado con los servidores públicos del GACM en empresas y organizaciones gremiales que monopolizaron el traslado de piedras y minerales desde los lugares de extracción y venta hasta el interior de la obra y la construcción de la losa.

La petición contiene dos errores que no afectaron el resultado de la indagatoria, puesto que los datos de Raúl González Apaolaza y Máximo Telmo Reyes son incorrectos: en el primer caso el apellido aparecía como “Apaloaza”, mientras que el nombre de Máximo fue cambiado por “Maximino”.

Dirigido a la entonces titular de la SPF, Arely Gómez González, el oficio indica que tiene carácter de “confidencial y urgente” y advierte que el propósito de la colaboración entre la Función Pública y la Policía Federal es “dar atención inmediata a las actividades de investigación”.

Aristegui Noticias documentó desde el 25 de marzo del 2018 que una de las obras emblemáticas del NAIM, la construcción de la barda perimetral, presenta irregularidades atribuidas a Sedena por la subcontratación de empresas fantasmas.