El presidente de Bolivia Evo Morales renunció tras 14 años en el gobierno. Debió hacerlo porque luego de las elecciones comprobadamente fraguadas que lo declararon ganador para un nuevo período debió enfrentar una fuerte resistencia ciudadana que no toleró que le roben las elecciones. Ante la movilización popular de casi tres semanas, las fuerzas armadas y de seguridad expresaron que no iban a reprimir a quienes ellos identificaron también como pueblo que se manifestaba en contra del presidente. De este modo se pone fin al intento del mandatario populista de perpetuarse prácticamente como presidente vitalicio.

La renuncia es el resultado de un proceso iniciado hace unos años por los propios seguidores de Evo. El artículo 168 de constitución del Estado Plurinacional de Bolivia vigente desde el 2009 establece que el presidente puede “ser reelecto por una sola vez de manera continua”. La nueva denominación que adquirió el Estado permitió al mandatario dos términos más de gobierno. Debido a esta limitación, en febrero de 2016 sus seguidores impulsaron un referendo para habilitar al presidente a competir por un término más.

El rechazo a una nueva reelección sumó el 51,3% de votos contra 48,7% a favor. La participación electoral fue del 84,47%. Los derrotados desconocieron el resultado y apelaron al Tribunal Supremo Electoral, conformado por una mayoría oficialista. En diciembre del 2018, éste habilitó a Evo Morales a buscar una tercera reelección justificando su decisión en el respeto a los derechos humanos. En octubre de 2019, se realizaron las elecciones presidenciales para el período 2020-2025. El recuento provisional oficial de los votos daba una victoria insuficiente a Evo Morales.

Ello obligaba a una segunda vuelta. Sin embargo, el escrutinio fue suspendido por 20 horas sin previo aviso y una vez restablecido dio por ganador al presidente por un margen de 0,14%. Posteriores auditorías internas y de la OEA calificaron al procedimiento electoral como “viciado de nulidad” disparando la ola de protestas ciudadanas.

El propio presidente, sus seguidores internos y externos señalan que se trató de un golpe de estado “cívico, político y policial” al explicar que las fuerzas armadas le pidieron que renuncie. Lo que en verdad ocurrió fue que las mismas no se sumaron al continuismo presidencial sostenido por el fraude electoral y la represión a los opositores.

Todo el gobierno de Bolivia siguió al mandatario en la renuncia y ahora se enfrentan momentos de incertidumbre. Le corresponde a la dirigencia política del país resolver como continúa el proceso que deberá lograr el nombramiento de un nuevo presidente y casi con seguridad llamar a nuevas elecciones, esta vez sin fraude.

El autor es director del Observatorio de Política Exterior de la UCEMA