Autoridades investigadoras, clave para combatir la corrupción
Autoridades investigadoras,
clave para combatir la corrupción
Fortalecerán el intercambio de experiencias y coordinación
Buscan abrir brecha para poder intervenir en el uso inadecuado de recursos federales
Con un llamado a fortalecer la coordinación, mantener el intercambio de experiencias exitosas y robustecer el trabajo de las autoridades investigadoras de los órganos fiscalizadores del país y, además, ser elemento clave para mantener el combate a la corrupción y aportar expedientes
consolidados para que las autoridades resolutoras sancionen actuaciones indebidas en el servicio público, concluyeron los trabajos de la “Tercera Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales”.
Previo a la clausura, magistrados federales en materia administrativa y académicos
especializados en corrupción, ética e integridad en el servicio público, reconocieron la importancia de las autoridades de investigación no solo por ser los guardianes de los recursos públicos y héroes que ponen en su lugar a quienes han hecho mal uso de su posición como servidores públicos, sino porque el éxito para que sean sancionados se basa en su conocimiento y especialización al integrar, por ejemplo, los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
(IPRA).
En el segundo y último día de los trabajos organizados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en los que participaron auditores de seis entidades y autoridades de investigación de 21 entidades, se hizo un llamado a seguir trabajando
desde varios enfoques para combatir la corrupción, fenómeno que dejó en 2021 la comisión de 200 millones de actos en el país.
El titular de la Unidad de Investigación del OSFEM, Hugo Armando Pérez Albarrán, intervino con la ponencia “Experiencias en la presentación de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa” en la que resaltó la importancia de realizar un buen Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en estricto cumplimiento de los requisitos contemplado
en materia administrativa, aunado al hecho de que hasta el momento no existe un modelo.
Representantes de los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Puebla y Chihuahua expusieron los casos en los que han buscado abrir brecha para intervenir en los casos de uso inadecuado de recursos públicos federales debido a que la actual legislación en materia de fiscalización mantiene restricciones a los órganos fiscalizadores para tal fin. Coincidieron también en la necesidad de coordinarse mejor con las áreas substanciadoras y las resolutoras.
En la clausura de los trabajos, la Auditora Superior del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, sostuvo que el conocimiento compartido ayudará a las entidades fiscalizadoras a mejorar su trabajo y conducirse bajo una perspectiva de mayor integridad.
Asimismo, el titular de la Unidad de Investigación del OSFEM, Hugo Armando Pérez, destacó que, derivado de los trabajos, una de las grandes conclusiones es que una conducta irregular en el servicio público se puede sancionar por las dos vías, es decir, la administrativa y penal porque está soportado por jurisprudencias que han surgido.
Previamente, Magistrados en Materia Administrativa del Poder Judicial de la
Federación, J. Jesús Gutiérrez Legorreta y Juan Carlos Ramírez Gómora impartieron las ponencias “Aplicación de medidas de apremio para configurar la falta administrativa grave de Desacato” y “Recurso de Revisión Fiscal en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Por su lado, Oscar Diego Bautista y Jaime Rodríguez de Alba, ambos investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), expusieron “La corrupción en México y sus consecuencias” en la que hicieron un recorrido histórico y que, pese a los esfuerzos, sigue en aumento.
Ambos llamaron a trabajar varios enfoques para que no avance; además, exhortaron a seguir con la interiorización de valores para dignificar a la administración pública y contrarrestar los efectos de la corrupción que se traducen en distintas formas de sufrimiento humano.