El primer delito es ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
El segundo delito también es por ejercicio indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
En ambos casos sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.
Tras una audiencia de más de 12 horas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, que empezó el lunes y terminó poco antes de las 7 de la mañana del martes, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 154 Fracción Segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aunque los delitos por los que está acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa, se determinó prisión preventiva justificada porque Rosario Roblescarece de arraigo en la Ciudad de México.
Durante la audiencia, la exfuncionaria afirmó vivir en el mismo domicilio desde hace veinticuatro años, pero existe un informe en el que consta que recientemente tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente, lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo.
También se consideró que hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, ya que tiene los medios y los contactos.
Como la pena por esos delitos sería mayor a cuatro años, no alcanzaría beneficios.
La medida cautelar deberá cumplirse en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, que se ubica en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, en los límites con el Estado de México.
Es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles, de acuerdo al procedimiento. El juez va a decidir sobre este asunto, estamos ante dos instancias autónomas e independientes, primero la Fiscalía, ministerio público que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo”.
López Obrador reiteró que el proceso está abierto y hay términos legales que el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados y si hay que llamar a declarar a otras personas.
Entonces hay que esperar a que se desahoguen. Pero no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilatos. Es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un estado de chueco, de cohecho”, concluyó.