Congreso de México aprueba reforma polémica a la Ley de Amparo
Sheinbaum defiende cambios
que agilizan juicios y buscan
recaudar hasta 2 billones de pesos
Ciudad de México, . El Congreso de la Unión ha dado un paso decisivo en la reforma a la Ley de Amparo, un mecanismo constitucional clave para proteger los derechos humanos frente a actos de autoridad. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca agilizar los procesos judiciales, fortalecer la recaudación fiscal y limitar la evasión de impuestos de grandes deudores, pero ha generado intensos debates y acusaciones de retrocesos en el acceso a la justicia.
Cronología del proceso legislativo
El proceso comenzó con una iniciativa enviada por Sheinbaum en septiembre de 2025. Desde entonces, la reforma ha atravesado el Senado y la Cámara de Diputados con rapidez, pero con fuertes críticas de la oposición y especialistas.
- 2 de octubre: Aprobación en lo particular en el Senado con 70 votos a favor y 39 en contra. Se incluyó un artículo transitorio retroactivo, denunciado por la oposición como violatorio del principio de irretroactividad de la ley (artículo 14 constitucional).
- 7 de octubre: Dictamen enviado a la Cámara de Diputados, con alertas de constitucionalistas sobre vulneración de derechos.
- 14 de octubre: Aprobación en lo general en Diputados con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. Se eliminó inicialmente la retroactividad, pero se reincorporó posteriormente.
- 14-15 de octubre: Discusión en lo particular; se incorporaron restricciones al interés legítimo y suspensiones. Las mociones suspensivas de la oposición fueron desechadas.
- 15 de octubre: Senado aprueba modificaciones de Diputados con 82 votos a favor y 38 en contra; se turna al Ejecutivo para sanción.
- 16 de octubre: Sheinbaum y Arturo Zaldívar defendieron públicamente la reforma durante la Mañanera, acusando a críticos de desinformación deliberada.
Cambios clave de la reforma
Entre los ajustes más destacados de la Ley de Amparo se encuentran:
- Suspensión del acto reclamado: Se endurecen los requisitos para suspender provisionalmente actos de autoridad, afectando a pymes y ciudadanos vulnerables.
- Interés legítimo: Se limita la posibilidad de amparos colectivos, restringiendo la acción de comunidades indígenas y ambientalistas contra megaproyectos.
- Retroactividad: El artículo transitorio permite aplicar la nueva ley a juicios en curso, lo que podría impactar casos de grandes deudores, incluyendo figuras como Ricardo Salinas Pliego.
- Agilización procesal: Reducción de plazos y eliminación de ciertos recursos en materia fiscal y administrativa, con el objetivo de recaudar hasta 2 billones de pesos.
- Otros cambios: Prohibición de suspensiones en deudas fiscales hasta la resolución final y fortalecimiento del Ministerio Público.
El oficialismo defiende la reforma como un instrumento para combatir abusos y garantizar justicia rápida, mientras la oposición la ha bautizado como “Ley de Desamparo” por supuestamente dejar indefensos a los ciudadanos frente al Estado.
Debates y tensiones
Las sesiones en comisiones y plenos han sido intensas, con protestas en San Lázaro y audiencias públicas calificadas por la oposición como “simulación”.
- Oposición: PAN, PRI y MC denuncian fraude legislativo y retrocesos en derechos humanos.
- Oficialismo: Morena, PT y PVEM sostienen que la reforma protege al pueblo y agiliza procesos fiscales.
En redes sociales, el debate se ha convertido en tendencia con hashtags como #LeyDeAmparo y #ReformaJudicial, mientras constitucionalistas advierten sobre posibles violaciones a derechos fundamentales y tratados internacionales.
Implicaciones y próximos pasos
Una vez sancionada por la presidencia, la reforma entrará en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos alertan que podría enfrentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El choque central del debate refleja la tensión entre la eficiencia fiscal y la protección individual: mientras el gobierno prioriza la recaudación y el combate a la evasión, la oposición advierte sobre un debilitamiento del Estado de derecho y las garantías ciudadanas.