lunes, agosto 11, 2025
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Justicia intercultural del PJEdomex destaca a nivel nacional

Justicia intercultural del PJEdomex
destaca a nivel nacional
Trabajamos con paso firme para consolidar un modelo de justicia que dialoga en lugar de imponer, que reconoce la pluralidad en lugar de uniformar, que se construye desde el respeto mutuo, no desde la distancia” afirmó Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex), al encabezar la 1ª Sesión Extraordinaria Pública de la Sala de Asuntos Indígenas (SAI) en la que se otorgó amnistía a Bonifacia, mujer de 66 años perteneciente al pueblo mazahua y originaria de la comunidad de Los Hoyos, municipio de Villa de Allende.
En el marco de esta sesión, a la que asistieron Hugo Aguilar Ortiz, Presidente Electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; así como el Subconsejero Jurídico Anthony Ortega Salazar, en representación de la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Myrna García Morón, el Magistrado Presidente Díaz Juárez resaltó el compromiso de dignificar la justicia y ampliar su alcance, con especial atención a los pueblos originarios y a la comunidad afromexicana.
En el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, ante representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia subrayó que la SAI se ha consolidado como referente nacional y latinoamericano por impartir justicia con perspectiva intercultural, cercana, empática y expresada en lenguas originarias, alineada a un nuevo paradigma de justicia abierta que fomenta transparencia, participación ciudadana y cooperación interinstitucional.
Destacó la formación de traductores en lenguas originarias, capacitaciones al personal y la creación de espacios de diálogo plural. Convocó a seguir trabajando unidos para saldar deudas históricas, garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer una justicia democrática basada en dignidad y respeto a los derechos humanos.
Por segunda ocasión, la Sala otorgó una amnistía ahora a Bonifacia, quien había sido sentenciada a ocho años y nueve meses de prisión por homicidio simple, condena de la que cumplió tres años y siete meses en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
El presidente de la SAI, Magistrado Arturo Márquez González, explicó que se corroboró la calidad indígena de la sentenciada, así como violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, incluyendo la falta de intérprete y la ausencia de perspectiva de género en el procedimiento penal, así como las condiciones de pobreza, exclusión y violencia que enfrentó a lo largo de su vida.
Las Magistradas Verónica Carrillo Carrillo, Érika Icela Castillo Vega, María Ledit Becerril García, el Magistrado Lorenzo René Díaz Manjarrez y el propio Márquez González resolvieron que la mujer mazahua reunía los requisitos para extinguir la pena y se ordenó su inmediata libertad.
Al respecto, el Presidente Aguilar Ortiz indicó que la resolución coincidió con el Día Internacional de los Pueblos Originarios y destacó que la sesión estuvo enmarcada por el himno nacional en lengua mazahua y una ceremonia tradicional, símbolos de armonía y paz. Señaló que México, como nación pluricultural, debe aspirar a una justicia que reconozca y aplique los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, y que la SAI es ejemplo de cómo hacerlo realidad.
“Es de celebrar esta decisión, porque antepone la justicia a la norma. Estoy seguro que mediante una interpretación estricta de la normatividad habrían llegado a otra conclusión y hoy Bonifacia seguiría tras las rejas. Una interpretación progresiva, acorde con los valores de la Constitución y de los tratados internacionales hace posible la justicia. Este es un ejemplo de lo que debemos de hacer a nivel nacional y, desde luego, en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación” añadió.
En representación de la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, el Subconsejero Jurídico, Ortega Salazar destacó que garantizar los derechos de los pueblos originarios es una obligación constitucional, ética y humana. Afirmó que este espacio representa una reconciliación y justicia con perspectiva intercultural, pronunciada en lengua materna y que reconoce el valor de la cosmovisión y las tradiciones comunitarias. Llamó a erradicar racismo, clasismo y toda forma de discriminación, y enfatizó que la lengua, cultura y organización de los pueblos indígenas son pilares vivos de la identidad y el porvenir de la entidad.
A su vez, la Ministra Esquivel Mossa celebró la amnistía como un acto de reparación y un modelo ejemplar del Estado de México para garantizar justicia a personas en situación de vulnerabilidad. Advirtió que, pese a los avances legales, los derechos de los pueblos originarios siguen siendo más una declaración que una realidad, e instó a convertirlos en acciones efectivas. Reconoció la colaboración de los tres poderes y consideró que este esfuerzo contribuye a saldar la deuda con las comunidades indígenas y afromexicanos.
La ombudsperson García Morón, calificó el acto como precedente histórico para el acceso a una justicia intercultural y con perspectiva de género. Señaló que es el inicio de un modelo donde la justicia sea un derecho común, y reconoció el trabajo interinstitucional que ha permitido beneficiar a 20 personas -siete de ellas indígenas- mediante la Ley de Amnistía, perdonando más de 409 años de prisión.
Asistieron Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo; las diputadas Leticia Mejía García y Ruth Salinas Reyes, presidentas de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos de la LXII Legislatura estatal, respectivamente; la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; así como integrantes del Consejo de la Judicatura del PJEdomex y vocales de los pueblos originarios ante la Junta de Gobierno. Poder Judicial del Estado de México