Gertz Manero ve ‘extorsión mediática criminal’

Gertz Manero ve ‘extorsión mediática criminal’ en filtración de sus conversaciones

El fiscal señaló que las filtraciones de audios de sus conversaciones con el subprocurador Juan Ramos obedecen a que las investigaciones de la institución están tocando “intereses espurios”.

  • Redacción AN / MDS
09 Mar, 2022 09:59

Gertz Manero ve 'extorsión mediática criminal' en filtración de sus conversaciones

Foto: Archivo Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acusó que la filtración de su conversación con el subprocurador Juan Ramos sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, es en realidad un caso de “extorsión mediática criminal” de parte de grupos a los que está investigando.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, señaló que se trata de un linchamiento en su contra debido a que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, atentan “contra intereses espurios”.

“Estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal, para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, logramos mantenerlos en la cárcel”, dijo en entrevista para Ciro Gómez Leyva.

Los audios filtrados contienen una conversación del fiscal Alejandro Gertz Manero en los que acusa que no estaba en el proyecto lo que habrían acordado refiriéndose, al parecer, al ministro Alberto Pérez Dayán, responsable de elaborar el proyecto que será debatido por el Pleno. 

De acuerdo con lo expuesto en Radio Fórmula, en su página de internet, “entre los posibles promoventes de esta extorsión, Gertz Manero mencionó a los abogados del caso Juan Collado, quienes lo acusan de buscar una venganza personal en su contra”.

La denuncia de Juan Collado señala, además del ex consejero jurídico de la Presidencia, a los abogados Isaac Pérez Rodríguez, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández y el financiero David Gómez Arnau, estos últimos a quienes la Fiscalía busca imputar los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

Estas personas, estarían presumiblemente relacionadas con una red dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Gertz rechazó tener enemistad con Scherer Ibarra y descartó intereses personales en las investigaciones de la FGR del caso.

“Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva siete años de litigio en el fuero común, que nunca ha pasado por la FGR, que no hay una sola diligencia en un juicio local porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática”, mencionó respecto a sus conversaciones con el subprocurador Ramos.

Defendió que no obtuvo ilegalmente el proyecto del ministro Pérez Dayán: “Cuando uno es parte en un juicio en lo personal… es un derecho”.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que hay un acuerdo para llamar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero para que explique las llamadas en las que se le aprecia comentando e interviniendo sobre un asunto penal en que él es parte acusadora y que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La comparecencia será programada para después de la sesión de la Corte del 14 de marzo, cuando se espera que los ministros resuelvan si amparan a Alejandra Cuevas y su madre en el proceso donde son acusadas por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Monreal indicó que sí ha hablado con Gertz Manero y que cuenta con explicaciones sobre los audios recientemente dados a conocer, aunque deberá ser él mismo quien exponga estos motivos.

El morenista señaló que este tipo de audios sí generan desgaste en las instituciones, pero no quiso comentar si hay ministros de la Corte que hayan sido influenciados por Gertz Manero.

Ayer, un juez federal determinó diferir para el próximo 7 de abril la audiencia de imputación de los tres abogados y un asesor financiero señalados por el abogado Juan Collado.

El juez de control José Rivas González, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decidió aplazar la audiencia debido a que uno de los abogados señalados, Isaac Pérez Rodríguez, contrajo Covid-19.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 7 de abril a las 13:30 horas. La Fiscalía General de la República (FGR) buscará la imputación de los acusados y pedirá presumiblemente una pena de cárcel de 40 años.

“Lo anterior, para poder estar en óptimas condiciones para que, tanto el agente del Ministerio Público de la Federación, como los imputados y sus respectivos defensores, en su caso, expongan a este juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, para así mantener la objetividad e imparcialidad del desarrollo de la diligencia, garantizando la igualdad entre los contendientes, para valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por las partes”, señala el acuerdo judicial, al que tuvo acceso Aristegui Noticias.

Consulta el acuerdo de diferimiento:

Diferimiento de audiencia de imputación by Aristegui Noticias on Scribd

El abogado Juan Collado Mocelo -detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada- denunció al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a las cuatro personas señaladas.

En su denuncia, el abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos para que librara la prisión.

También acusó que el grupo de personas vinculadas presumiblemente con Scherer, le pidió que vendiera Caja Libertad a Banco Afirme propiedad de Julio Villarreal Guajardo. Según la denuncia, estas personas le dijeron que el empresario bancario era amigo del entonces consejero jurídico.

“Libertad por libertad”, le habría dicho el abogado Juan Antonio Araujo.

El abogado Paulo Díez Gargari señaló en Aristegui en Vivo que la denuncia de Juan Collado confirma sus dichos públicos de que Scherer y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.

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Enfatizó que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.

Recordó que el 13 de octubre de 2021, denunció abiertamente en Aristegui Noticias que Scherer “había creado desde la Consejería Jurídica, desde esta posición privilegiada de un enorme poder político, una auténtica red de corrupción, extorsión y lavado de dinero” para beneficiarse, así como para beneficiar a un grupo de asesores financieros, abogados, parientes y servidores públicos de distintos niveles y ordenes de gobierno.

Señaló que lo ocurrido con Collado “parece una variación sobre el mismo tema del caso Alonso Ancira”, al que se refirió también como parte de los casos de alto impacto que manejó la presunta red de Scherer, quien en su momento dijo desconocer al grupo de abogados que llevaban estos casos, excepto a Juan Antonio Araujo.

“Si uno analiza estas dos operaciones, son idénticas, es decir, es el mismo modus operandi y de ahí la relevancia de este caso”, señaló, al tiempo que dijo que con la judicialización de la denuncia de Collado se está ante la oportunidad de iniciar un ‘maxiproceso’ que pueda ofrecer más a la sociedad que “solo unos cuantos individuos en la cárcel, que probablemente lo merezcan”.

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Entre los paralelismos que encontró con el caso Ancira, está la aparente obligación de que, paralelo al acuerdo reparatorio, se forzara a la venta de una empresa a un particular. En el caso Ancira, hubo un compromiso de venta de las acciones de Grupo Acerero del Norte (GAN), controlado por su familia y accionista de Altos Hornos de México (AHMSA) a Julio Villarreal Guajardo, presidente del Grupo Villacero.

Respecto a David Gómez Arnau, una de las personas denunciadas por Collado, el abogado Díez Gargari dijo que se trata “del financiero de cabecera de Julio Scherer” y ha estado vinculado a éste “desde hace décadas”, en su tránsito por varias empresas paraestatales que posteriormente fueron privatizadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari -entre 1988 y 1994-.

El abogado adelantó que ampliará su denuncia contra Scherer y el grupo de personas presumiblemente vinculadas a éste, ya que considera que cuando dio a conocer el caso a la opinión pública, se puso en marcha una “operación de destrucción selectiva de evidencias” en el caso Aleática (antes OHL México) y de “fabricación ex post de falsa evidencia” para tratar de desvincular al exconsejero jurídico del asunto.

Sobre las cartas de Juan Collado que han aparecido en diversos medios y en los que éste elogia las  gestiones de Scherer, el abogado Díez Gargari consideró que acreditan un intento de extorsión: “¿Quién demonios en su sano juicio hace esas cosas de andar escribiendo una carta como esas desde el Reclusorio Norte si no es bajo la presión y la amenaza de quien aparentemente es su propio abogado?”.

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