La liberación de Prieto estaba condicionada a que pagara por daños y a que aceptara no viajar al extranjero durante los próximos 30 meses, según el comunicado. También se le ordenó que residiera en su casa en el estado de Chihuahua.

Prieto sigue siendo acusada de delitos contra funcionarios públicos, incluyendo amenazas e incitación a un motín vinculado a una protesta de trabajadores frente a una junta laboral en Matamoros, en Tamaulipas, en marzo. Ella ha negado los cargos.

Líderes sindicales y legisladores demócratas de Estados Unidos habían pedido su liberación antes del inicio del nuevo acuerdo comercial regional, temiendo que su detención fuera una señal de advertencia de los desafíos de México para cumplir con sus obligaciones laborales.

Uno de los objetivos centrales del TMEC es mejorar los derechos laborales y la independencia de los sindicatos en México.