Desde la implantación del neoliberalismo en México, además de la entrega de recursos naturales y empresas de la nación a los privados, principalmente extranjeros, se inicia también la destrucción y desaparición de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.

En el periodo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, anterior a la época neoliberal, existían derechos señalados expresamente en la constitución y reglamentados en varias leyes como la federal del trabajo; la del Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS; la del ahora llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit y otras. Es destacable que a pesar de ser derechos constitucionales y legales fueron escamoteados por el priísmo y su ejercicio en la realidad es por las luchas de trabajadores de empresas privadas y del Estado a lo largo de las décadas de los cincuentas a los setentas.

La negación del derecho de huelga y la obstaculización de la libre organización, así como la persecución de aquellos que encabezaban estas gestas que sufrieron cárcel, torturas e incluso asesinatos fueron cosa común y con la complicidad de las autoridades priístas. Mucho de lo logrado en ese periodo histórico de México no fue gracias a la “bondad” del Estado dominado por el PRI, sino a la férrea lucha y la presión de los trabajadores contra la patronal y el gobierno que coludido a líderes venales de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y otras centrales del charrismo(*) sindical trataron de mediatizar.

Desde 1982, adoptado ya el modelo neoliberal por parte del PRI y con sus nuevos aliados del Partido Acción Nacional, PAN, se inicia el desmantelamiento del modelo construido para dar seguridad social y salarios ajustados a la constitución a los trabajadores. No eran en efecto en ese parámetro pero legal y constitucionalmente estaba obligado y en muchas ocasiones como se anota arriba, por la acción de los propios trabajadores.

La obsesión de los adoradores del mercado como el mecanismo de regulación en la sociedad presionaron para terminar formal y realmente con esos derechos.

No estaba, ni está en esa visión mercantilista la posibilidad de que los trabajadores tengan una vida estable y con lo mínimo para enfrentarla, como son educación, salud y un empleo bien remunerado. ¡No!, se desgañitan y tal parece que su consigna es: deben seguir miserables y con salarios precarios.

Con la llegada del nuevo gobierno y en un marco coyuntural aprovechado de manera decidida, se encauzó, por ejemplo, el aumento a los salarios mínimos que subieron más de 70% en el periodo que va de su triunfo a la fecha, pasando de 88.36 a 123.22 pesos, y en más de 200% en la frontera norte con 185.56. ¿Esto es suficiente?, desde luego que no. El freno al aumento gradual a los salarios se detuvo de manera draconiana por más de treinta y cinco años, pues priístas y panistas vendieron ante el mundo los salarios precarizados de los trabajadores mexicanos ofreciéndolos como elementos para la inversión en el país.

El cálculo más sobrio señala que actualmente el salario mínimo debería rondar los 500 pesos diarios.

Las reformas para garantizar la libre organización sindical de los trabajadores es otra medida pertinente. Lo mismo la inclusión en el T-MEC del reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes mexicanos independientemente de su condición migratoria.

Es indudable que estas medidas aprovecharon coyunturas pero hablan de una nueva mentalidad en el gobierno para con los trabajadores.

Por ello la reforma del sistema de pensiones, esto es, aquel regulado por el IMSS, es un paso importante para abordar y reconstruir el sistema de pensiones.

Las razones para eliminar el antiguo sistema de pensiones llevado a cabo por los neoliberales fue la corrupción e ineptitud para su manejo por el régimen priísta pero el cambió creó un modelo basado sólo en la obtención de utilidades para los dueños de las AFORES, Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, dejando de lado el interés de los ahorros de los pensionados. Entre los dos modelos los que salen perdiendo siempre son los pensionistas.

Un mecanismo ideal debería ser la modificación del modelo actual por otro que elimine los riesgos de corrupción y tenga como objetivo robustecer el ahorro en beneficio de los pensionados.

Actualmente las utilidades son para las AFORES y las perdidas para los pensionistas pues nunca les preocupa ponerlas en riesgo si con ello incrementan sus ganancias.

El paso inicial adoptado por el gobierno federal es el de incrementar la tasa de ahorro obligatorio y un aumento gradual para alcanzar la meta en un plazo no mayor a ocho años asumido por la patronal y sin costo fiscal para el Estado.

Actualmente las aportaciones al ahorro para el retiro de los trabajadores son del 6.5%: 5.15, patronal; 1.125 trabajadores y 0.225 el Estado. De aprobarse la reforma las aportaciones serán: 13.887% la patronal; 1.125 trabajadores y el 0.225 el Estado. 15.225%.

Hay que prever que estas aportaciones pueden variar de acuerdo a los ingresos de los trabajadores, siendo lo señalado como el porcentaje mínimo. El patrón aportará desde 5.151% para trabajadores con un ingreso de 10SM, hasta 13.875% para quienes perciban ingresos de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para el caso del gobierno la cuota va de 8.724 para trabajadores con ingresos de 1 salario mínimo a 1.798 para los que tienen ingresos de 4 UMAs.

Los trabajadores no verán afectadas sus aportaciones. Las del gobierno se transforman en cuota social concentrada en trabajadores de menos ingresos. Las de la patronal se elevan.

Se reducen las semanas de cotización para recibir la pensión. En una economía con grandes océanos de informalidad y desempleo es muy difícil que los trabajadores alcancen a cotizar las 1250 semanas, 24 años. Por eso ahora a las 750 semanas cotizadas y a los sesenta años podrán pensionarse si desean retirarse por cesantía en edad avanzada o a los 65 años por vejez. Esta pensión se complementará con la pensión universal a adultos mayores otorgada a los 68 y a indígenas a los 65 años.

Se eleva la pensión mínima garantizada, de inmediato, es decir si actualmente se reciben dos mil pesos, el gobierno aportará 1,289 pesos para que la obtengan y se entregará a quienes alcancen las 750 semanas de cotización. En el periodo de ocho años, a la par de la reducción de cotización de 1250 semanas a 750 se propone subir la pensión mínima garantizada a un valor promedio de 4,345 pesos (todo ello en función de la edad, semanas de cotización y el salario base de la cotización).

Un alivio para millones de pensionistas, principalmente aquellos con los ingresos más bajos que obtendrán un aumento que auxiliará en esta época marcada por la crisis y las condiciones de la pandemia. Este aumento a uno de los sectores más precarizados significa un apoyo significativo.

Todo este escenario nos obliga a pensar, como hemos reiterado en otras entregas que no es inestimable la relación del nuevo gobierno con la clase trabajadora pero no es la CTM o las otras centrales sindicales charras y venales las verdaderas representantes de los trabajadores cuando estas han actuado como verdugos de los derechos e intereses de los trabajadores y es momento de revivir la organización obrera y la unidad de los trabajadores para darle un impulso más profundo a la Cuarta Transformación.

La historia nos muestra lo imperdonable que fue la permisividad que los líderes sindicales charros otorgaron a los gobiernos neoliberales o no, siempre a cambio de prebendas y en perjuicio de los trabajadores.

La organización independiente de los trabajadores es la única garantía a largo y mediano plazos para llevar a cabo una transformación profunda en beneficio del conjunto de la sociedad.

Salud y Revolución Social.

Nota:

(*) Se denomina charros a los dirigentes sindicales en México porque “jineteaban” o sea, robaban las cuotas sindicales. Llegaron a hacer (y hacen) cosas peores en su venalidad y corrupción.