Ya sea que se mantenga en la gubernatura el PRI o llegue la alternancia, el próximo gobernador tendrá como principal desafío de gobierno combatir la violencia.

Junto al Guanajuato y Baja California, el Estado de México concentra el 27.7% de los 30,968 homicidios que se registraron en el país el año pasado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP).

La violencia se ha acentuado en los últimos años en los más de 22,000 kilómetros de tierras mexiquenses. Hace una década, en 2012, esa entidad reportaba un promedio diario de 5.2 homicidios dolosos, sin embargo, ese delito cerró en 2022 con 7.1 muertes violentas cada 24 horas.

Para el experto en seguridad pública y en crimen organizado, Víctor Manuel Sánchez Valdés, el Estado de México es uno de los epicentros de la violencia en México.

Quienes viven en el Estado de México saben que transitar por sus calles, ya sea día o noche, a pie o transporte público o privado, representa un riesgo latente a ser víctima de un delito.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 9 de cada 10 habitantes del Estado de México consideran que es una entidad insegura.

Durante el año pasado, se registraron 19 víctimas diarias de robo en transporte público, sin contar, que es un delito con una cifra negra del más del 90%, de acuerdo con el SESNSP.

Por otro lado, un porcentaje importante de los negocios del Estado de México están sometidos a esquemas de cobro de piso. Comerciantes se han visto orillados a pagar cuotas mensuales, que de acuerdo con los expertos puede ir de 2,500 hasta 100,000 pesos a organizaciones del crimen organizado o grupos de supuesta “protección”. El 2022 cerró con 4,411 denuncias, la cifra más alta en todo el sexenio del priista Alfredo del Mazo, aunque en este delito también hay una cifra negra muy alta.

Parte de la violencia que afecta al Estado de México se debe a la disputa que sostienen agrupaciones como “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros templarios”, el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) y “Guerreros Unidos”, así como otros 20 grupos delictivos locales.

“En el Estado de México es más importante para hablar de seguridad porque la presencia de organizaciones criminales como la de La Familia Michoacán en varias zonas de del Estado de México, la de Jalisco Nueva Generación, de Guerreros Unidos en ciertos en ciertos municipios”, agrega Sánchez Valdés.

El CJNG, liderado por Nemesio Oceguera, tiene presencia principalmente en los municipios que colindan con la Ciudad de México como Los Reyes La Paz, Valle de Chalco, Chalco, Nezahualcoyotl y Ecatepec, pero también tiene presencias en la zona de Valle de Bravo.

“La violencia en el Estado de México lo complejiza el cambio de jurisdicción porque Ciudad de México y el Estado de México comparten limites de territorio, entonces ese cambio de jurisdicción es utilizado por las bandas criminales sobre todo de delitos comunes”, advierte Víctor Sánchez.

La violencia en el Estado de México no solo está en sus calles, también en las casas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue la segunda entidad con más llamadas al 911 para denunciar incidentes de violencia, la primera en de violación de mujeres y feminicidios.

El politólogo Aldo Muñoz Armenta, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, afirma que si bien el principal desafío para la próxima gobernadora es la seguridad, en la lista hay otros temas que requieren ser atendidos, entre ellos, el sistema de salud, la pobreza y el alto precio del transporte público.

“Uno de los principales retos que va a tener quien gane la gubernatura es el acceso a la salud, en el Estado de México es bastante crítico, no hay suficientes hospitales, no hay medicamentos, hay saturación y una lista de espera para cirugías, sobre todo que en las zonas más apartadas, más pobres que además están asoladas por el tema de la inseguridad que genera el narcotráfico sobre todo en la zona sur del estado de México”, explica.

Otro desafío es la pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2020, 48.9% de la población mexiquense se ubicó en situación de pobreza, 7.1% respecto a 2018.

Otro aspecto es el reordenamiento urbano y el acceso a vivienda digna, así como abaratar el precio del transporte público.

“El transporte público en el Estado de México es muy caro y de una calidad bastante mala: camiones viejos y precios altos”, agrega Muñoz Armenta.