La OIT vigilará Aplicación de las Nuevas Reglas de Democracia Sindical en México
La OIT vigilará Aplicación de
las Nuevas Reglas de
Democracia Sindical en México
Por Blanca Juárez
La OIT ha detectado que la falta de representatividad, las prácticas de injerencia y la discriminación antisindical siguen presentes en México. Mediante el proyecto Observar, le dará asesoría a sindicatos, empresas y autoridades para erradicarlas.
La Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba observará en nuestro país los procesos democráticos que los sindicatos están obligados a realizar, las empresas a respetar y las autoridades mexicanas a acompañar y sancionar en caso de incumplimiento, todo a la luz de la reforma laboral de 2019.
También proporcionará asistencia técnica a las tres partes para erradicar las malas prácticas. Ya lo hizo en 2021, en el caso de General Motors (GM), en la planta de Silao, Guanajuato, donde la mayoría del personal quería formar un nuevo sindicato, pero el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la gerencia de esa sucursal se lo impedía.
Aquella experiencia y otros casos emblemáticos que durante varios años fueron denunciados dieron pie al proyecto Observar, cuyo objetivo fundamental “es contribuir a la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo en materia de libertad sindical y de negociación colectiva”, explica en entrevista Elizabeth Echeverría, coordinadora del programa.
Observación y Compromiso para la Realización de los Derechos de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva (Observar) es el nombre completo del proyecto. Su financiamiento viene del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, al igual que otras estrategias en materia laboral implementadas por organizaciones, instituciones y gobiernos en México.
De este proyecto derivan principalmente dos acciones, explica Elizabeth Echeverría. La primera será observar los procesos de democracia sindical, pero lo podrán hacer sólo a petición de las autoridades o las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.
Con base en lo que hayan visto, viene la segunda acción: capacitación a la parte trabajadora, patronal y a las autoridades para eliminar prácticas antidemocráticas y algún otro fallo que hayan encontrado. El proyecto se encuentra en la fase de inscripción de organizaciones sindicales y de conversaciones con organizaciones de empleadores.
Pero la OIT ya tiene información sobre cuales podrían ser las materias a mejorar en el sistema sindical mexicano: la falta de representatividad, las prácticas de injerencia y la discriminación antisindical “son puntos fundamentales sobre los cuales ya vamos a empezar a trabajar”, dice la funcionaria.
Esto lo han podido conocer por medio de los órganos de control de la OIT, los cuales “se nutren de las informaciones que provienen de los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que envían sus observaciones de manera regular”.
México, obligado a cumplir derechos laborales
Antes de la reforma laboral, el sistema sindical en México se caracterizaba por falta de transparencia, democracia interna y representatividad real de las personas trabajadoras. De ello eran parte no sólo los sindicatos, sino también empresas y autoridades. Con nuevas reglas no necesariamente ha cambiado la situación.
Y la observación internacional ha estado más vinculada a procesos electorales o, en nuestro país, a la crisis de asesinatos y desapariciones perpetradas por el crimen organizado y el Estado. Esta vez se realizará en materia laboral.
Pero lo que plantea el proyecto de la OIT no sólo es contemplar lo que sucede, sino “proporcionar capacitación a las organizaciones de trabajadores y a las empresas para fomentar la implementación de los principios de libertad sindical y negociación colectiva”, dice Elizabeth Echeverría.
“A través del proyecto también vamos a difundir información sobre lo que es la verdadera libertad sindical. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a elegir quién lo representa, que no es obligación formar parte de un sindicato, que pueden cambiarse cuando lo quiera. Están en libertad de decidir quién les representa”, agrega.
Al notar algún incumplimiento o una violación a los derechos humanos laborales en los procesos sindicales que mandata la reforma laboral, son las autoridades mexicanas las facultadas para sancionar o denunciar.
Sin embargo, “los Estados que son parte de la OIT, por el hecho de ser miembros, están obligados a promover y garantizar por lo menos los derechos y principios fundamentales. Estamos hablando de la salud y seguridad ocupacional, la libertad sindical y negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso y la no discriminación”, advierte la funcionaria.
El papel del caso #2694
“Observar surge desde los órganos de control de la OIT”, integrado por el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, señala Elizabeth Echeverría.
Entre todos los casos que han recibido en dichos órganos, destaca el 2694. “Es un caso que se ha revisado seis veces por el Comité de Libertad Sindical (desde que fue presentado en el año 2009) y toca distintos sectores, en especial el sector automotriz y el petrolero”.
Denunciaba la negativa de la toma de nota de organizaciones sindicales y la celebración de contratos colectivos de protección patronal, entre otras violaciones a sus derechos.
Entre las organizaciones que la interpusieron están:
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM)
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM)
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
En el caso 2694 “se reconoce, por ejemplo, el exceso de tiempo que tomaba acceder a la justicia en México”, en ese momento a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La observación sirve “para encontrar áreas de oportunidad para proporcionar todavía más apoyo incluso a los operadores judiciales, si así lo necesitaran, y no sólo a las autoridades administrativas, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), porque al final todos estos elementos forman parte del acceso a la justicia laboral”, concluye la representante de la OIT.