EN BUSCA DE LOS DERECHOS PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Un grupo de empleadoras de trabajadoras domésticas, más de cien, negocian la inscripción en el IMSS de éstas mujeres que históricamente han desempeñado una actividad sin derechos; la idea es que tengan puedan hacerlos efectivos y tener acceso a la vivienda, al seguro de maternidad y a la pensión jubilatoria, entre otros.

Todo ello sin necesidad de cambios legislativos y paralelo, pero no determinante, a la firma del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo decente.

El grupo de mujeres que ha decidido hacer justicia a estas trabajadoras, integrado por una variedad de mujeres de la política, la sociedad y la administración pública; de diferentes niveles económicos, está decidido a actuar ahora mismo.

Ya sostuvieron una conversación con el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez y el próximo mes se entrevistarán con el director general del IMSS, José Antonio González.

Patricia Mercado, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal y promotora de esta iniciativa, explicó a SemMéxico que se trata, de lograr derechos plenos, la formalidad y reconocimiento del trabajo doméstico remunerado y su carácter de socialmente útil para más de 2 millones de trabajadoras del hogar en todo el país.

Las mujeres que trabajan por esta alternativa legal, incluidas las representantes de las trabajadoras del hogar, como Marcelina Bautista, buscan lograr con las leyes vigentes que los derechos laborales históricamente pospuestos, se hagan efectivos. Reconocerlas, tanto como algunos hombres, como lo que son, empleadas para servicios personales como establece la Ley Federal del Trabajo desde 1931.

En la iniciativa están reunidas más de 106 empleadoras, quienes convocadas por Mercado han creado un grupo consolidado para llamar a quienes también contratan a trabajadoras o trabajadores domésticos, a tramitar esta formalidad.

Entre ellas se encuentran: la ex gobernadora Amalia García; la politóloga Cecilia Soto; la experta en derechos políticos Cecilia Tapia, la dirigente de Ayuda Humanitaria Natalia Lococo; Flor Ruíz de la Coparmex¸ la periodista Maite Azuela; la editora Lourdes G. de Alcocer y otras muchas.

Dicho grupo desplegará una campaña de sensibilización a las empleadoras y a los empleadores del servicio doméstico para que juntas, tal vez miles, consigan en lo inmediato inscribir a estas trabajadoras en el IMSS y ellas o ellos adquieren en el SAT su calidad de empleadores jurídicamente reconocidos.

Al respecto, Aristóteles Núñez explicó que en el SAT sólo hay que inscribirse y que existe un subsidio que asume el gobierno de hasta 2.7 salarios mínimos, tras reconocer que hay una deuda con estas personas todavía consideradas por la Ley, como trabajadoras en servidumbre y sin derechos.

Dijo que actualmente hay un porcentaje de trabajadoras inscritas en el seguro voluntario del IMSS o en el seguro popular que solamente tienen derechos de servicios de salud, pero no todos los otros de los y las trabajadoras regulares.

Lo que podría suceder, explicaron las promotoras de la iniciativa, es que con las leyes vigentes, las trabajadoras adquieran todos sus derechos, sin que sea oneroso el pago de impuestos y seguridad social para las empleadoras, beneficiando a miles de trabajadoras domésticas remuneradas.

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