Castigo al huachicoleo en Ecatepec no puede ser letra muerta: diputados

Castigo al huachicoleo en Ecatepec

no puede ser letra muerta: diputados

  • En los últimos meses se acrecentó el desabasto en 200 colonias
  • Buscarán legisladores mesa de trabajo con la Fiscalía General y Poder Judicial

 Toluca, Méx. Debido a que en Ecatepec más de un millón de habitantes de 200 colonias carecen de agua por la red domiciliaria de forma permanente, no pueden ser “letra muerta”, las reformas al Código Penal del Estado de México que castigan con dos hasta seis años de prisión el huachicoleo del agua, señalaron diputados locales de este municipio.

En conferencia de prensa, la y los diputados Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz, Raúl Ponce y Camilo Murillo recordaron que casi la mitad de la población señala como el principal problema del municipio la escasez del agua, que se ha acentuado en el último año, cuando se debe garantizar este derecho, porque no puede ser una mercancía.

“Mercantilizar el agua es un hecho ruin y hay que combatirlo, por eso pedimos a la Fiscalía General y al Poder Judicial que se actúe en consecuencia porque hasta ahora pareciera letra muerta esta reforma al Código Penal, necesitamos la actuación porque es a plena luz del día el tema el huachicoleo”, denunció la diputada Azucena Cisneros.

Las reformas impulsadas por Morena y que se aprobaron en mayo de 2022, castigan el robo del vital líquido en la entidad, y establecen que a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipa u otro medio de almacenamiento, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedidos por la autoridad competente, con la finalidad de obtener un beneficio económico, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización. 

Y a quien distribuya agua potable a través de pipa, y la extraiga u obtenga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de veinticinco a cien unidades de medida y actualización; y a quien altere, impida o restrinja el flujo de agua, se impondrá de dos a seis años de prisión.