Propone Crear el Instituto Mexiquense Para Devolverle al Pueblo lo Robado Azucena Cisneros

Propone Crear el Instituto Mexiquense Para Devolverle
al Pueblo lo Robado
Azucena Cisneros
*** Activos recuperados se destinarían a acciones con sentido social: Legisladora.
*** ISSEMyM, ejemplo del saqueo sistemático de recursos públicos, igual que Estafa Maestra.
Toluca / Estado de México.-Por crear el Instituto Mexiquense se pronunció la legisladora Azucena Cisneros Coos, con la finalidad dijo, de combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado.
Destacando que de cada 10 mexiquenses, 9 perciben que los actos de corrupción son muy frecuentes en el Estado de México; de ahí la necesidad de la creación del instituto mediante el cual los ciudadanos podrían adquirir bienes decomisados a particulares o servidores públicos, obtenidos mediante actividades ilícitas, y cuyos recursos serían destinados a obras y acciones en beneficio de la gente, especialmente en zonas marginadas.
“Durante años, la administración de los recursos y bienes del Estado, ha carecido de un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, provocando en algunos casos el quebranto de sus instituciones en perjuicio de miles de beneficiarios, y las evidencias abundan”.
Explicó que el más claro ejemplo de corrupción sin precedentes, es el ISSEMyM, que desde 2008 tiene un patrón de saqueo sistemático al patrimonio del Instituto de salud de los trabajadores, consistente en la desaparición de partidas completas en ejercicios anuales; el subsidio anual al fondo de pensiones se ha utilizado para propósitos diversos y se condonan deudas millonarias a entes públicos sin justificación.
Durante el gobierno de Enrique Peña, desaparecieron los centros departamentales y ópticas. Las Estancias Infantiles, Centros Asistenciales y Vacacionales operan con números rojos, desaparecieron los centros sociales y se privatizó a través de la subrogación, el servicio de comedor, lavandería, limpieza, fotocopiado, equipo de cómputo, imagenología, y farmacia.
Azucena Cisneros expuso que otro caso grave de corrupción, es el desvío multimillonario de recursos públicos, conocido como la Estafa Maestra, mediante la cual el gobierno federal a través de 11 dependencias federales, realizó adjudicaciones directas a 8 universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México, por 7 mil 670 millones de pesos para la contratación de “adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
A través de estos contratos, las universidades triangulaban los recursos al entregarlo a otras empresas en su mayoría fantasmas, y por este servicio las universidades cobraron mil millones de pesos como comisión, tan solo la UAEM habría cobrado 280.2 millones de pesos.
Adicionalmente, la mala administración de los recursos y bienes del Estado, ha dejado 10 Hospitales inconclusos, y el Tren Interurbano México-Toluca con sobrecosto.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena consideró oportuno ajustar el sistema normativo en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a fin de aumentar la eficiencia en la administración, depósito y destino de bienes, activos o empresas y garantizar que los activos recuperados se apliquen con sentido social en beneficio de la sociedad.
La iniciativa, propone crear el Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado, agrupado a la Secretaría de Finanzas, y que sería responsable de monetizar los bienes y créditos a favor del estado, y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de adquirir bienes de particulares, de servidores públicos y ex servidores públicos, que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
Los recursos obtenidos, serían destinados en beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación.
También se plantea la creación de un fondo de reserva para resarcimientos ordenados por la autoridad judicial por afectaciones a particulares.

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